En el País Vasco, Andalucía o Baleares, una lesbiana o una mujer
soltera puede acudir a un centro de reproducción asistida de la red
sanitaria pública y someterse a un tratamiento para ser madre. En
Madrid, Cataluña, Murcia o Castilla-La Mancha, no. En estas comunidades
autónomas la mujer no tendrá más remedio que pagar a un centro privado
para quedarse embarazada.
La ley es igual para todas las administraciones sanitarias. Lo que
marca la diferencia es la interpretación que se hace en cada una de
ellas. En especial del requisito que alude a la necesidad de que exista
“un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica”. Más aún,
depende de lo que los departamentos de salud entienden por esterilidad.
Si es una cuestión estrictamente fisiológica o si va más allá, en cuyo
caso, se considera que no solo se trata de resolver problemas puntuales
de trastornos de la capacidad reproductiva, sino hacer accesible la
maternidad a los distintos modelos de familia. De ahí las acusaciones de
que los posicionamientos más restrictivos están alimentados por
argumentos ideológicos que limitan el concepto de familia a la unión
formada por un hombre y una mujer.
La ley de Reproducción Asistida de 2006 deja bien claro que las
usuarias de estas técnicas son las mujeres mayores de 18 años “con
independencia de su estado civil y orientación sexual”. Ello,
explícitamente, incluye a las solteras y a las lesbianas. Además, la
medicina reproductiva actual no se limita a combatir los problemas de
esterilidad de las parejas que no pueden tener hijos (normalmente, se
entiende que hay un trastorno cuando transcurrido un año de relaciones
sexuales no hay embarazo). También se extiende a parcelas como la
prevención de enfermedades a través de técnicas como la selección
genética de embriones. O a la medicina reproductiva con finalidad
sustitutiva, aquella que sirve de alternativa a la reproducción sexual,
no necesariamente vinculada a problemas de esterilidad. Bajo este
concepto encajan los tratamientos tanto de mujeres solteras como de
lesbianas con pareja.
En ambos casos, la ley no deja dudas de que son susceptibles de
recibir tratamientos de reproducción asistida. E incluso que no cabe
discriminación por orientación sexual o estado civil. De hecho, no
existe ningún problema en acceder a técnicas de inseminación artificial o
fecundación in vitro en centros de reproducción asistida privados.
Entonces, ¿cuál es el problema? No es lo mismo que sea legal con que
la prestación esté incluida en el catálogo de servicios mínimos que
ofrece la red sanitaria pública. El real decreto 1030/2006 define la
lista de servicios que ofrece la Cartera de Servicios del Sistema
Nacional de Salud. En lo que hace referencia a la reproducción humana
asistida, la cobertura se limita a los casos en los que exista “un
diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida, de
acuerdo con los programas de cada servicio de salud (...)”.
A esta redacción, un tanto abierta y ambigua, se han acogido los
distintos sistemas de salud autonómicos que o han cerrado las puertas a
las mujeres solteras o a las lesbianas, o nunca las tuvieron abiertas.
Pero también para negar a otros potenciales pacientes como a mujeres que
se hayan sometido previamente a una intervención de ligadura de trompas
y deseen ser madres.
El debate sobre si la red pública debe hacer distinción entre las
parejas heterosexuales u homosexuales o si debe dejar al margen a las
solteras no es nuevo. Hace algo más de un año una pareja de mujeres
asturianas denunció el veto de su comunidad autónoma a permitirles
acceder a este servicio en un hospital público y puso el foco sobre esta
cuestión. Pero desde entonces, la cuestión no ha perdido vigencia. Una
muestra de ello es lo sucedido recientemente en la Comunidad Valenciana.
Las unidades de reproducción asistida de los principales hospitales
públicos, salvo alguna excepción, trataban con normalidad tanto a
solteras como a lesbianas, según apuntan distintas fuentes sanitarias. Y
así ha sido a lo largo de los últimos años, hasta que la Generalitat ha
dado un golpe de timón y se ha alineado con las autonomías que siguen
la interpretación más limitada de la cartera de servicios.
Lo ha hecho a través de un documento distribuido entre las unidades
de reproducción asistida y los servicios de ginecología de la red
pública titulado Criterios para la prestación de técnicas de reproducción humana asistida en centros hospitalarios públicos que ha comenzado a aplicarse a la vuelta del verano.
Este texto solo reconoce como población subsidiaria de los
tratamientos de fecundación a aquella “afectada por un trastorno clínico
documentado de la capacidad reproductiva”. Además, añade: “los
solicitantes deben acreditar su situación de pareja de convivencia, de
hecho, o matrimonial”. También recuerda que se encuentran excluidas de
financiación las prestaciones de reproducción asistida que se realicen
“cuando la esterilidad de algún miembro de la pareja se haya producido
voluntariamente”, lo que deja fuera a las parejas en las que la mujer se
haya sometido a una ligadura de trompas o, en el caso de los hombres, a
una vasectomía.
El documento remite al Real Decreto 1030/2006 para restringir de esta
forma las técnicas de reproducción asistida e impedir el acceso de
personas en las que “el motivo de la demanda sea una opción personal y
no responda a motivos clínicos”. Y lanza una velada justificación
económica al enmarcar este cambio de postura en “la evolución de la
sociedad y de la sanidad pública”, motivos que han provocado la
necesidad de “redefinir” los criterios de selección de pacientes
valencianas.
Si algo aporta este documento es transparencia, al fijar unos
criterios claros para acceder a los tratamientos de reproducción
asistida. Tanto Luisa Notario, que hasta el mes de marzo fue responsable
del grupo de familia de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), como Francisco Pérez Milán, presidente de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF),
coinciden en la inequidad que supone para las lesbianas o a las mujeres
solteras que el hecho de que puedan someterse a tratamientos de
fecundidad en centros públicos dependa de su lugar de residencia.
Incluso entre los distintos sistemas de salud que corren con los gastos,
existen diferencias. “Algunas regiones asumen el coste del semen que se
adquiere de los bancos privados para el proceso de fecundación [puede
alcanzar los 300 euros]; otras no, y es la paciente la que corre con
ello”, indica el presidente de la SEF.
Este argumento, el de la indefinición normativa y la consecuente
heterogeneidad en las prestaciones en reproducción asistida de los
centros públicos es uno de los principales motivos planteados por el
Ministerio de Sanidad para comenzar por esta parcela la revisión de la cartera de servicios del sistema de salud (junto a la reproducción asistida están en el punto de mira los cribados, la rehabilitación y los implantes oftalmológicos).
Pero conviene no olvidar que la revisión de prestaciones forma parte
del paquete de medidas de ajuste emprendidas por el departamento que
dirige Ana Mato para ahorrar. Hasta el punto de que el ministerio prevé
ahorrar hasta 700 millones de euros cuando se complete el cribado de
prestaciones de la cartera.
Por ello, desde algunos sectores —tanto profesionales de la
reproducción asistida como asociaciones vinculadas a colectivos
homosexuales— existe el temor de que, con la excusa de la
homogeneización y, sobre todo, el ahorro, este proceso acabe por
traducirse en una equiparación a la baja de prestaciones y se excluya en
toda España la financiación pública de las técnicas de fecundación a
lesbianas y solteras.
Pérez Milán, que acudió a la reunión del grupo de expertos convocada
el pasado 14 de septiembre por el ministerio para abordar la revisión de
las prestaciones en reproducción artificial, quiere darle una
oportunidad a Sanidad. Este ginecólogo, que dirige el servicio de
reproducción asistida del hospital Gregorio Marañón de Madrid, sostiene que se pueden adoptar medidas de ahorro “sin que ello implique una contracción en la cartera”.
Un ejemplo de ello estaría, según profesionales del sector, en la
selección y adquisición de medicamentos más baratos, por ejemplo, los
relacionados con la estimulación ovárica. Por ello considera que la
revisión de la cartera puede ser una oportunidad para arrojar luz a la
situación actual.
Luisa Notario es bastante menos optimista. “Creo que con la excusa de
la situación económica y la crisis se va a meter la tijera y nos van a
sacar fuera”. La activista del movimiento LGTB está convencida de que
detrás de los argumentos económicos, como plantean tanto las nuevas
directrices de la Comunidad Valenciana como el Ministerio, existe un
sustrato ideológico que trata de obstaculizar el acceso a la maternidad a
modelos de familia alternativos al tradicional.
Ana Monzó, es coordinadora de la unidad de reproducción asistida del hospital La Fe
de Valencia y vicepresidenta de la SEF. Más allá de estos cargos, “como
profesional” sostiene que no debe restringirse el acceso a lesbianas o
mujeres solteras a los centros públicos: “lo considero muy injusto”. “La
esterilidad es un problema médico y emocional”, añade. Pero además
advierte de que dejar de atender a mujeres solteras o lesbianas no
supondría ningún ahorro para las arcas públicas. Por un lado, porque
este tipo de intervenciones son muy poco numerosas respecto a las que se
practican a parejas heterosexuales. Pero, además, si se impide el
acceso a estas mujeres, su lugar en la lista de espera lo ocuparán otras
pacientes, por lo que la única consecuencia será que se tratará al
mismo número de casos, con la diferencia de que todos serán parejas
heterosexuales.
Aquí es donde Luisa Notario considera que existe un factor de
discriminación. La exrepresentante del grupo de familia de la FELGT
insiste en la idea de que no habrá ningún ahorro. No solo por los
motivos apuntados por Ana Monzó. Añade uno más. Al no presentar, en
general, problemas de esterilidad funcional, las mujeres con pareja
homoparental tienen mayores probabilidades de quedarse embarazadas
mediante inseminación artificial, un proceso que en los centros privados
cuesta a partir de unos 1.000 euros, frente a los 6.000 de un ciclo de
fecundación in vitro. De cerrarse definitivamente los quirófanos de los
centros públicos a este grupo de pacientes, el potente mercado de los
centros privados concentraría toda de demanda, incluida la pequeña
porción de mujeres solteras y lesbianas que aún se le escapa en contadas
autonomías.
Una portavoz del Ministerio de Sanidad apunta que el criterio
ideológico no tendrá ningún peso en la revisión de la cartera de
servicios, que está sujeta a razones científicas. “Por eso se ha
convocado a especialistas de sociedades científicas y de las distintas
autonomías”, apunta.
¿Cuál es la opinión de los especialistas respecto a la atención en
centros públicos a solteras o lesbianas para que puedan acceder a sus
deseos de maternidad? Su presidente señala que la SEF “no tiene una
postura definida”. Este “no es un debate sanitario o de salud
reproductiva, sino social”. Y añade: “Son los sistemas sanitarios los
que deben definir si están dispuestos a financiar este tipo de
tratamientos. No creo que sea una cuestión sanitaria, sino que entra
dentro del posibilismo económico”.
“Es una discriminación ideológica”
Elena (izquierda) y Raquel en el comercio que regentan. / JORDI VICENT
El caso del matrimonio de Raquel, de 36 años, y Elena, de 33, es tan
ridículo que podría resultar cómico si no estuviera en juego el deseo de
ser madre y la lucha por conseguirlo en al ámbito de la sanidad
pública. Raquel tiene esterilidad de origen no especificado. Así figura
en un documento elaborado por el ginecólogo que la atendió cuando la
pareja acudió a su consulta, en un centro público de salud sexual y
reproductiva de Valencia, para trasladarle que eran una pareja
homoparental y que querían que Raquel fuera la madre biológica de su
hijo.
La primera visita fue en marzo de este año. Entonces, el especialista
le encargó a Raquel distintas pruebas (citología, análisis de sangre y
una histerosalpingografía para ver el estado del útero y los ovarios) y
la remitió a la unidad de reproducción asistida del Hospital Clínico.
Todos los resultados confirmaron la esterilidad. Sin embargo, en julio,
el hospital les denegó la solicitud. Entre marzo y ese mismo mes de
julio, la Generalitat había cambiado las reglas de juego y había vetado
el acceso a lesbianas y solteras a sus centros de reproducción asistida.
Raquel y Elena acudieron al servicio de información al paciente de la
Consejería para presentar una queja. Allí les comunicaron que, de
acuerdo con un real decreto del año 2006 y los nuevos criterios de la
Generalitat, solo se tratarían casos con “diagnóstico de esterilidad o
indicación clínica”.
Raquel, según su ginecólogo, es estéril. “No puede ser otra cosa que
una discriminación por razón de orientación sexual”. “Si el médico nos
extiende un informe con un diagnóstico de esterilidad, ¿cómo pueden
tumbarnos la solicitud precisamente por no ser estéril?”, señala Raquel.
El caso está pendiente de recurso.
